Alerta roja entre los productores de frutos rojos en el suroeste de España. La Unión Europea ha prohibido el uso de fitosanitarios en el campo y, frente a lo que han hecho otros países, como Portugal, Italia o Grecia, que han establecido una serie de excepciones, aquí el Gobierno no ha tomado ninguna medida al respecto.

La consecuencia, según advierte Rafael Domínguez, gerente de la asociación de productores de fresa Freshuelva, es que “se puede perder una gran parte de la producción, quedando en el aire hasta 25.000 empleos”.

Según Domínguez, son muchas las empresas que se están planteando ya abandonar sus cultivos y dejar de plantar la próxima campaña o incluso deslocalizar la producción y cultivar en Portugal.

“La situación es crítica ante la negativa del Ministerio de Agricultura de equiparar las condiciones sanitarias en los cultivos de berries en Europa y autorizar el uso de los productos fitosanitarios necesarios para la desinfección de suelo que sí se aplican en otros países, por lo que hay que buscar alternativas y Portugal, donde las condiciones de regadío son mejores es una buena solución”, explica el gerente de Freshuelva.

Los agricultores, que han empezado ya comprar y alquilar terrenos en el país vecino, recuerdan que los cultivos de frutos rojos generan más de 100.000 puestos de trabajo en la provincia de Huelva y advierten de que, “si no se da una solución respecto a la desinfección y la disponibilidad de herramientas eficaces para el control de hongos y nematodos de suelo, tan limitantes en nuestros cultivos, nuestro sector se va a ver seriamente dañado“.

De momento, todo indica que el cultivo de la fresa en España irá a menos, mientras que Portugal acelerará su crecimiento. Y todo después de haber pasado en los últimos cinco años de 500 a 5.000 hectáreas cultivables.

Los agricultores critican que este año, además, se ha decidido autorizar a los productores de tabaco el uso de los fitosanitarios necesarios para desinfección, lo que ha supuesto un trato desigual frente a otros cultivos y zonas productoras españolas, además de la desventaja creada frente a otros países del sur de Europa, donde sí que se han autorizado.

Fuente: El Economista

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